Impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta, carga impuesta por un gobierno sobre la renta de las personas físicas y jurídicas. Cuando se trata de empresas de negocios se denomina impuesto de sociedades. El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el beneficio de las sociedades son las principales fuentes de recursos de los gobiernos de los países industrializados; en los países menos industrializados también están cobrando una gran importancia en la estructura impositiva.

El impuesto sobre la renta es reciente. Los primeros antecedentes aparecen en Francia en 1793, Gran Bretaña (1799), Suiza (1840), Austria (1849) e Italia (1864). En España no aparece hasta 1975, en los tiempos de la transición política del régimen autocrático franquista a la democracia constitucional.

Los distintos sistemas que gravan la renta tienen una serie de características comunes. La primera es que hay un mínimo exento, es decir, que no se paga por debajo de determinada renta. Esta exención pretende beneficiar a los sectores menos favorecidos de la población. La segunda característica común de todos los impuestos sobre la renta es que el tipo impositivo (porcentaje de renta que hay que pagar) crece cuando aumenta la renta, es decir, que cuanto más se gana más se paga. Por ejemplo, en España el tipo impositivo va, a partir de 2003, desde el 15 por ciento, para las rentas más bajas, hasta el 45 por ciento, para las más altas.

La tercera característica es que existen una serie de gastos deducibles: costes asociados con el puesto de trabajo (trajes especiales, cotizaciones a asociaciones laborales y a sindicatos, etcétera), seguro médico, intereses pagados por hipotecas, pensiones alimenticias para los hijos de padres separados, etcétera. El tratamiento fiscal de cada uno de estos gastos varía mucho entre países, teniendo características similares en los países latinoamericanos como Argentina o Brasil, aunque con desigual éxito recaudador.

La política fiscal y el cobro de impuestos sobre la renta es una cuestión polémica puesto que afecta a una actividad económica que está continuamente cambiando según cambian los valores sociales. La compleja tarea de diseñar las distintas exenciones y gastos deducibles para lograr la equidad contributiva, o determinados objetivos de caracter social, es una de las tareas más difíciles de los gobiernos.

Otra cuestión problemática es la relativa a si los salarios deben gravarse al mismo tipo impositivo que los beneficios empresariales o las rentas del capital. Ciertos países aplican impuestos distintos con diferentes tipos impositivos dependiendo del origen de las rentas, mientras que otros prefieren imponer un tipo único independientemente del tipo de renta que se grave.

Resulta más fácil diseñar impuestos que permitan la desgravación de costes para obtener rentas cuando se trata de empresas o de trabajadores autónomos que cuando se trata de trabajadores asalariados. La inflación, que reduce el valor del capital, distorsiona las rentas derivadas de éste. En teoría se podría evitar este problema, pero implicaría la creación de un sistema en extremo complejo que la mayoría de los países prefieren evitar, aunque las soluciones aplicadas para gravar las rentas del capital resulten más arbitrarias, como cuando se opta por gravar menos los rendimientos de los activos financieros a largo plazo.

Otro problema relativo a los impuestos sobre la renta consiste en determinar la progresividad del tipo impositivo. El problema estriba en que, en función de esta progresividad, se incentivará más o menos el trabajo, el ahorro y la inversión. Aunque algunas personas trabajarán menos cuando aumente el tipo marginal, otras preferirán trabajar más para tener mayores ingresos netos, es decir, los ingresos una vez deducidos los impuestos. El efecto concreto de estos dos tipos de reacciones es difícil de determinar, pero la creencia general que a mayores tipos marginales, menores incentivos para trabajar y para emprender nuevos negocios.

Los efectos sobre las decisiones de inversión son más claros: la inversión se puede incentivar mediante leyes que permitan la amortización acelerada y las deducciones por inversión, y se desincentiva cuando los impuestos son demasiado elevados, absorbiendo todos los beneficios y las rentas del capital por los efectos de la inflación.

La experiencia a escala mundial demuestra que los impuestos sobre la renta pueden ser muy eficientes cuando los contribuyentes aceptan el sistema. Esto requiere una buena información y una buena gestión de los recursos obtenidos, así como una buena educación del contribuyente. Cuando esto no se produce, lo que es frecuente en los países menos industrializados, el peso del impuesto sobre la renta recae sobre los asalariados, puesto que sus ingresos son los más fáciles de controlar y gravar.

 

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Articulo Redactado por: Kilo tapias peralta Escobar

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